La inercia se entiende como la propiedad que tienen los cuerpos en estado de reposo, es decir, en resistencia a la materia que pueda modificar su quietud, ya sea en aspectos de dirección y/o velocidad. El proyecto que busca crear una red de radios públicas para el país, tramitado actualmente en la Comisión Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados pretende romper la inercia. Pese a su discreta divulgación en los medios masivos comunicación y a la deseable socialización, la propuesta del Ejecutivo sin transformar tienta al movimiento. Un movimiento que, en los hechos, reconoce al actor público-estatal y a los demás incumbentes: el sector público-comunitario y el público-privado.

Respecto de este último, hegemónico (dominante) en nuestro país, si bien el proyecto no ataca la concentración mediática, el proyecto de radios públicas devela con honestidad la defensa de los intereses del sector privado en la desigual industria, enfrentando amenazas de inconstitucionalidad, por cuanto señalan que una radio púbica “al final sería como una radio privada” y aclaran que el recelo no es solo por la venta o no de publicidad, sino que por el principal objeto de disputa, cual es la construcción misma del sentido común: “no solo vamos por la torta publicitaria, también por el contenido y lo que escucha la gente”.

Sobre la concentración e ideología, no es primera vez que el sector privado y comercial de la radiodifusión chilena toma posición política y deliberante, cabe recordar su rol en la Convención Constitucional (2022) cuando expresó su “preocupación” por el debate acerca consagrar no sólo la propiedad privada del espectro radioelectéctrico, sino que también la coexistencia de la propiedad estatal y la propiedad comunitaria en la materia. Como fuere, volviendo a la actualidad, es también honesto reconocer que el actual gobierno también ha tomado posición en materia de concentración mediática. Los vicios previstos desde hace décadas en este sentido consolidaron una “excesiva concentración en operadores privados, reduciendo la diversidad de voces, afectando el acceso equitativo a distintos enfoques y perspectivas”. Ejemplo de lo anterior, son los $8.723 y $670 millones de pesos inyectados por el Estado de Chile a las empresas El Mercurio y Copesa, respectivamente, entre 2022 y 2025; salvándoles de la quiebra en medio un contexto de crisis financieras, deudas millonarias por concepto de cotizaciones previsionales impagas y acciones judiciales de acreedores y ex gerentas en contra de la empresa de Sahie.

Lo anterior, en desmedro del actor comunitario de la radiodifusión en Chile, el cual tampoco respalda la propuesta pues no representa ni se asemeja a una ley de medios públicos, no advierte normas de financiamiento, ni autonomía de los potenciales radios a crear, las cuales deberían resguardarse editorialmente y no estar afectas “en ningún caso por el Poder Ejecutivo” de turno. De hecho, la cooptación y el centralismo siguen siendo una amenaza en el camino en la democratización mediática en Chile.

Desde los medios comunitarios y sin ánimo de renta, expresaron que hay necesidades y urgencias que no se asumen en el proyecto, tales como la garantía de derecho pleno, por ejemplo, frente a las transnacionales de la comunicación, además de un rol fiscalizador sobre el uso y cooptacón del espectro radioeléctrico para los proyectos que sin lucrar participan con otra misión en la anhelada democracia mediática. Peor aun, en junio de 2025 se presentó un proyecto de resolución que solicitó al Ejecutivo instruir a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a reponer y ejecutar los 2.657 millones de pesos aprobados por la Ley de Presupuestos 2023 para el fortalecimiento de las radios comunitarias, con criterios nuevos y justos, bases bien diseñadas y adecuadas a “la realidad de las más de 460 radios comunitarias con concesión vigente en el país”. Con todo, la propuesta de Radios Públicas ha sido sindicada como insuficiente y casi intrascendente respecto del problema de fondo, cuales consagrar en Chile desde su actual la inexistencia, una Ley de medios potente, es decir, que goce de potencia y potestad.

Sobre el aporte de las radios comunitarias, sostienen que “son un tejido vital dentro de las comunidades” promueven el desarrollo local y los lazos y cohesión social, siendo las radios comunitarias diversas y una respuesta a las necesidades específicas de las comunidades con la autonomía, cuestión esencial para realizar su función. Así, el desafío de construir “la diversidad de voces” deseada, se encuentra doblemente afectado, tanto por el desigual acceso a enfoques y perspectivas diferentes mencionadas, así como por la amenaza de las noticias falsas, bulos o fake news; cuestión que no profundizaremos pero que ha sido abordada en extenso por la Comisión Asesora para la Desinformación a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en sus dos informes de agosto y diciembre de 2023. Y aunque fácil de inferir, no está demás señalar que las dinámicas de acceso y concentración mediática en las zonas rurales y el campesinado en Chile se incrementan sin tregua, aumentando con ello las brechas ya existentes con implicancias en diversas dimensiones político, económico y culturales de la vida en sociedad.

Con todo, y pese a haber sido presentado en el ocaso del mandato, el proyecto boletín 18011 pretende mover la bolita y aunque se espera que no fuere en direcciones contrarias a la garantía plena del derecho a la Comunicación, permite visibilizar un escenario diverso, de tres afluentes al menos: público, privado y comunitario. Lo anterior, si bien proyecta un movimiento menor, en tanto velocidad y dirección, será motivo de disputa en los próximo meses, pues la marcha nunca está predicha y depende siempre de la agitación, empuje, acción y reacción.

Y es que en pleno s.XXI y a 214 años del surgimiento de la Aurora de Chile, el país aún enfrenta el desafío de instaurar un ecosistema de medios de comunicación, complejo, diverso y plural; a partir de una discusión de cara a la comunidad que concluya con la promulgación de una ley medios públicos. Actualmente, el derrotero de contribuir a una democracia íntegra o de alta intensidad a través de “un sistema robusto” en materia comunicacional sigue siendo eso, un rumbo por transitar. No obstante, y si el propósito es genuino y busca “garantizar contenidos educativos, culturales e informativos de calidad, libres de presiones comerciales y al servicio de la ciudadanía” la Ley de medios se debería estar abierta y erigirse como un horizonte a disputar y consagrar, a sabiendas de que será tan intensa como reaccionaria la tempestad.