Ataque organizado a la prensa

Cuando Amalia Gálvez, fotógrafa profesional y reportera, llegó a la Marcha de la Central Clasista de Trabajadores —a esas alturas cerca del escenario donde habría de terminar la convocatoria, en Matucana con Alameda— se percató que el ambiente en el Barrio Meiggs era tenso.  Comenzó un enfrentamiento entre los manifestantes y los denominados toldos azules, quienes comenzaron a responder con fuegos artificiales, según Gálvez, “no hacia el aire, sino que hacia los manifestantes”. Uno, dos, tres cuatros minutos de fuego incesante. Se percató de los sonidos. “No me di cuenta que eran balazos hasta ese momento”, aseguró Gálvez en conversación con Doble Espacio.

Los disparos duraron cerca de quince minutos, según señalaron testigos para este reportaje. Además de pistolas automáticas, los tiradores tenían fuegos artificiales, fierros y armas blancas. Terminado el atentado, los heridos que constataron lesiones de bala eran tres: un reportero de Piensa Prensa, una reportera de Radio 7 y Francisca Sandoval, de Señal 3 La Victoria. Todos cumplían labores de prensa.

Gerardo Cortéz, reportero de Señal 3 La Victoria quien estaba en terreno aquel día y compañero de labores de Francisca, señaló a Doble Espacio que los tiradores no dispararon aleatoriamente a la multitud. “No, eso no sucedió. Fue dirigido hacia donde estaba la prensa. Ataques directos a la prensa popular. Fue concertado, no fue al azar. Y así como fue Francisca pudo haber sido cualquiera de nosotros”, afirma.

Además del ataque a la prensa, hay otros detalles que hacen presumir a la parte querellante que no se trató de un atentado esporádico, sino de uno coordinado y organizado previamente. En medio de los disparos que emitían los cerca de quince tiradores que había en San Alfonso, testigos señalaron a Doble Espacio la llegada de una camioneta que habría distribuido armamento y munición a los tiradores.

Doble Espacio accedió a las fotos que sitúan a la camioneta en el lugar de los disparos. Se trata de una camioneta negra Hyundai Tucson del año 2022 que incluso, indican las fotografías, mantuvo contacto con Carabineros después de haber presuntamente distribuido munición. Amalia Gálvez recuerda haber visto a “una señora rubia” manejando la camioneta Tucson. Este medio constató que el automóvil está a nombre de Romina Aguilera Morales, quien mantiene querellas en tramitación por delitos marcarios y por oposición a la acción de las autoridades.

Ni la camioneta ni su dueña son parte de la causa que lleva el Ministerio Público, a pesar que la parte querellante solicitó “que se incorporara a la investigación, pero en la carpeta no figura nada. Desconocemos más información puesto que la Fiscalía no ha hecho nada en ese sentido” aseguró Víctor Pino a Doble Espacio.

Además de la camioneta, llama la atención de la familia y la parte querellante la organización de los tiradores. “Pareciera ser que tenían entrenamiento paramilitar. Se movían con táctica mientras algunos atacaban, otros recargaban y tomaban posición. La forma en cómo se parapetaban. Las posiciones de tiro también. Sabían manejar armas” afirmó Pino.

Es por eso el alegato de la parte querellante para agregar el delito de asociación ilícita a la investigación. “Asociación ilícita entendiendo que esto puede tener una estructura, una planificación previa, una premeditación” mencionó Pino. Sin embargo, el Ministerio Público ha desestimado estas solicitudes.

“Si se considerase la teoría que nosotros hemos planteado, que hay crimen organizado y que hay una asociación ilícita, debiese aumentar el número de detenidos y procesados por el crimen de Francisca y también la cuantía de la pena” acotó el abogado a Doble Espacio.

Por el momento, ninguno de estos elementos ha sido investigado. El Ministerio Público persigue las responsabilidades individuales de Naranjo. Ha omitido la organización. Y también la inacción de Carabineros que acusan los testigos, los abogados y la familia.