El gobierno de ultraderecha liderado por José Antonio Kast removió a las 3 jefaturas del Departamento de Derechos Humanos (DDHH) del Programa Nacional de Búsqueda iniciado en 2025.  Se trata de Paulina Zamorano, jefa del Programa de DDHH a cargo del Ministerio de Justicia, Magdalena Garcés, Coordinadora de búsqueda y trayectoria; y Tamara Lagos, encargada del archivo técnico del programa. Cabe señalar que Magdalena Garcés tenía la misión de coordinar las labores orientadas a definir las disitntas trayectorias de las víctimas de desaparición forzada; en tanto Tamara Lagos se efnocaba en el avance del esclarecimiento mediante diversos archivos públicos, descripción y análisis documental de docuementos del ejército, FFAA y Ministerio de Defensa en la mesa operativa interinstitucional.

Según Paulina Zamorano, “no es casual la desvinculación de las tres jefaturas del programa de Derechos Humanos, sin ir mas lejos el programa se encuentra a cargo de más de 430 causas judiciales actualmente activas, por la determinación de las responsabilidades por la grave violación de DDHH y permite determinar cierta vinculación con algunos de los dichos (de Kast) en torno a los indultos y las eventuales liberaciones de agenetes que actualmente se encuentran cumpliendo condenas en Punta Peuco y Colina 1”.

“Se trata de una política pública que ha sido trabajada en conjunto con las organizaciones, con los familiares, con las agrupaciones de Derechos Humanos, una política pública de carácter permanente en virtud de la deuda que tiene el Estado en materia de búsqueda, con las vícitimas de desaparición forzada durante la dictadura en Chile.  Esto afecta directamente a los familiares, que durante más de 50 años han estado buscando a sus familiares y que hasta la fecha no habían tenido una colaboración ni una incidencia acivva por parte del Estado de Chile”

Sobre el argumento de que el despido se debería a la potestad del Ejecutivo de dispensar de cargos que sean de confianza exclusiva, la abogada respondió que su labor comenzó hace más 14 años, incluso antes de la creación de la subsecretaría de DDHH, y en calidad de “contrata” se le encargó la facultad de liderar el proceso adscrito al programa, por lo que que sí contaría con la “confianza legítima”; figura empleada a las trabajadoras/es que dentro de las instituciones públicas desarrollan trabajos y relaciones contractuales acreditadas, sistemáticas y reconocidas por los superiores durante más de 2 años seguidos.  No obstante, el resto de las personas despedidas ingresaron vía concurso público.

También se habría esgrimido como argumento por parte del Gobierno que las afectadas “no tendrían la capacidad de liderar y cordinar equipos, cuestión que se ha venido ejerciendo desde hace años, por lo que aquello es falso”, puntualizó Zamorano.

“Se trata de un desmedro al trabajo que el programa viene desarrollando hace años, por lo que el presidente deberá hacerse cargo del incumplimiento de un compromiso y “una obligación del Estado de Chile en vrtud e las obligaciones internacionales que pesan sobre el Estado” y, funfamdentalmente, un compormiso con los todos los familaires que han hecho una búsqueda solitaria de las víctimas de desaparición forzada.

“Es una decisión política” -aseguró la abogada- y no tiene que ver con confianzas o capacidades.  Este término anticipado de la “contrata” se realizó sin previo aviso por el actual Ministro de Justicia y derechos Humanos, Fernando Rabat, quien fue abogado del dictador Pinochet (Daniel López) en el caso Rigss.  La decisión fue informada el mismo día en que la Corte Suprema confirmó en doble instancia la condena del criminal Willi Malessa Boll por diversos delitos en Colonia Dignidad durante la tiranía de Pinochet.