Familiares de Julia Chuñil son detenidos en allanamiento denunciado como "montaje"
La madrugada del miércoles 14 de enero se desarrolló el allanamiento y detención de tres hijos y un yerno de Julia Chuñil, bajo el “uso irracional de la fuerza” y evidenciando la desproporcionalidad de efectivos policiales empleados, en relación a las jornadas de búsqueda de la lamngen hecha desaparecer en noviembre de 2024, tal y como denunció mediante un comunicado público la familia de Julia Chuñil Catricura. El texto señala la “sospecha de un montaje institucional” y de la criminalización de “los más vulnerables, en lugar de perseguir responsabilidades estructurales y de poder”, en una práctica “grotesca” que “revela prioridades invertidas: recursos masivos para criminalizar a los suyos, pero abandono y mínima diligencia para encontrarla con vida cuando más se necesitaba.
Los allanamientos a los domicilios en Mafil y Temuco tuvieron como justificación una orden de detención en un contexto de “investigación secreta”, para la audiencia de formalización fijada inicialmente para las 13:00 horas del miércoles y que finalmente fue reprogramada para el jueves 15 de enero a las 11 horas en el Juzgado de Los Lagos. Cabe señalar que desde la fiscalía de Los Ríos acusan el delito de parricidio por parte de los hijos de Julia y homicio calificado por parte del yerno; por lo que se había pruebas que se basan en testimonios de testigos protegidos, “con información falsa”, lo que según la familia de Julia son partes del intento de montaje.
Por lo anterior es que desde la familia de Julia Chuñil exigieron a la fiscal la “transparencia absoluta” y acceso total de la defensa a todos los antecedentes que motivaron estas detenciones; el “respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia de los imputados”.
Del mismo modo, el comunicado demanda la “investigación imparcial, sin sesgos previos, con igual rigor en todas las líneas posibles y sin privilegios para ninguna hipótesis”; bajo la lógica de construir “narrativas mediáticas e institucionales que prejuzgan culpabilidades sin sentencia firme”.
Finalmente, el texto sostiene la “desproporción policial” y se pregunta “¿por qué tanto despliegue para detener y tan poco para buscar y proteger?”. Lo anterior, a propósito de los más de 500 efectivos de carabineros utilizados entre Mafil y Temuco, en un “amplio operativo” o “giro inesperado” como relata la prensa burguesa que buscan reproducir el discurso oficial y cuestionado por constituir un montaje.
Sin embargo la versión insitucional de la “investigación compleja, silenciosa y reservada” ha sido fuertemente cuestionada, al igual que el rol de la fiscal Tatiana Esquivel, por expresar un “sesgo evidente” al orientar las diligencias investigativas “casi exclusivamente hacia la familia, ignorando o minimizando otras hipótesis plausibles y poderosas que han sido señaladas insistentemente por organizaciones de derechos humanos, comunidades mapuche y la propia familia.
"La quemaron": Familia de JULIA CHUÑIL revela PISTA CLAVE sobre su desaparición
Pruebas de llamas de hostigamiento por parte de Juan Carlos Morstadt Anwandter
Con todo, el allanamiento y desproporcionalidad de las medidas adoptadas por la Fiscalía de Los Ríos, y específicamente por la fiscal Tatiana Esquivel, se suman a las denuncias formuladas por diversas organizaciones de DDHH y por la familia, también prodcuto de la excesiva dilación en un caso que se extiende po más un año sin tener resolución, la cual ha estado marcada por acusaciones de irregularidades, presiones ilegítimas a los familiares, falta de transparencia institucional y hasta apremios ilégítimos ejercidos el 30 de enero de 2025 por funcionarios policiales durante allanamientos e interrogatorios a integrantes de la familia Chuñil, en las cuales se mencionan presiones para autoinculparse, intimidación y tratos vejatorios en procedimientos donde la fiscal Esquivel estuvo presente sin siquiera intervenir.
En su momento, la abogada de la familia, Karina Riquelme, afirmó que la fiscal regional “nunca recibió a la familia” y que la persecución penal ha sido diriga contra personas que previamente denunciaron a Esquivel por el delito de apremios ilegítimos. La fiscalía también ha sido denunciada por “no desarrollar oportunamente líneas de investigación señaladas por la familia, como la revisión de cámaras de seguridad de una forestal colindante al lugar donde Julia Chuñil fue vista por última vez”.
El carácter “secreto” de la investigación también ha sido cuestionado, por cuanto ello afecta el debido proceso e impide controlar las pruebas, las cuales han sido cuestionadas por el uso mediático a través de filtraciones a la prensa y difusión de antecedentes descartados posteriormente por peritajes oficiales.
Finalmente, organizaciones sociales y mapuche han cuestionado el foco investigativo que va desde la implicación del empresario forestal del sector, Juan Carlos Morstadt; hasta llegar a la familia, quien es víctima y denunciante por la desaparición forzada de Julia Chuñil. Desde Fiscalía Nacional, en tanto, se ha rechazado la inhabilidad solicitada por la familia contra Tatiana Esquivel, respaldando su actuar, mientras una causa paralela por apremios ilegítimos continúa abierta sin resolución pública.