El lunes 15 de diciembre de 2025 se desarrolló la primera audiencia preparatoria del juicio oral, en el contexto de la búsqueda de justicia por el homicidio de Alexis Astorga Muñoz, a manos de Hugo Silva Mejías y Gabriel Rojas Olave; ex carabineros de franco que en febrero de 2024 asfixiaron y dieron muerte al joven colbunense luego de una “fiesta de la cerveza” y con uso desproporcionado de la fuerza.  Cabe recordar que en abril pasado la jueza Evelyn Pérez Jaña decretó la medida cutelar de prisión preventiva contra los imputados, “por considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad”, como lo señlaló el Ministerio Público, en voz del fiscal jefe de Parral, Nelson Riquelme.

La próxima instancia se efectuará el 18 de diciembre, la cual tendrá como objetivo revisar la medida cautelar de prisión preventiva y sus fundamentos.  Desde la familia de Alexis, comentaron a #RadioChoyün que se espera “un juicio justo, enfocado en lo ocurrido ese día y en ese lugar”. Lo anterior, pues durante los meses de diligencias investigativas, la defensa de los imputados ha esgrimido argumentos que -al menos- se alejan del  meollo o parte esencial de los hechos, cual fue el irracional uso de la fuerza y que como ha sostenido la familia de la víctima, “eran cinco las personas que estaban allí y podrían haber dicho ‘deténganse’ o ‘reduscámoslo de otra forma’, y se podría haber evitado (la muerte de Alexis) si es que alguno de los cinco hubiese actuado de otra forma”.

Justamente, acerca del actuar de la institución de Carabineros, el homicidio de Alexis Astorga Muñoz representa una manifestación latente de la urgencia que supone la reforma a la institución de carabineros, con el propósito ideal de de garantizar a la población una formación integral y efectiva a las fuerzas de orden, con respeto pleno a los Derechos Humanos (DDHH), como base. En materia de contigencia política, el crimen contra Alexis le otorga nuevamente centralidad a la discusión sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y los protocolos en materia de DDHH que resultan necesarios y deseables en cualquier institución coercitiva, la cual se financia y sostiene con los impuestos la legitimidad del pueblo que juran “guardar y defender la vida de todos sus habitantes”.